El 28 de julio de 2024 fue una fecha largamente esperada por venezolanos dentro y fuera del país. Tras años de dictadura y profunda crisis, ese día representó una verdadera oportunidad de cambio, un posible retorno paulatino a la democracia. No se trataba simplemente de unas elecciones más, sino de un momento clave que muchos vieron como la posibilidad de un nuevo comienzo para Venezuela.

Sin embargo, lo ocurrido durante y después de esos comicios estuvo lejos de cumplir con las expectativas. La falta de transparencia, las denuncias de fraude y el estallido de violencia política marcaron un proceso electoral que dejó más preguntas que respuestas.

Por eso, nos preguntamos, ¿cómo llegamos a ese 28 de julio? ¿Qué pasó exactamente ese día? Y, lo más importante, ¿cómo está Venezuela hoy después de un proceso electoral tan controvertido?

 

¿Cómo llegamos al 28 de julio de 2024?

 

Para entender las elecciones presidenciales realizadas el 28 de julio de 2024 en Venezuela, es necesario situarse en el contexto político y social que antecedió este proceso. Tras más de dos décadas de gobierno chavista, iniciadas en 1999 con Hugo Chávez, el país atravesó una profunda transformación. Los primeros años de su mandato estuvieron marcados por programas sociales que redujeron la pobreza, pero progresivamente se consolidó un modelo autoritario con concentración de poder, restricciones a las libertades civiles y debilitamiento de los poderes públicos.

La situación se agravó significativamente tras la muerte de Chávez en 2013, cuando Nicolás Maduro asumió la presidencia en medio de una severa crisis económica, profundizada por la caída de los precios del petróleo, principal fuente de ingresos del país. La hiperinflación descontrolada, la escasez crítica de alimentos y medicinas, junto con una creciente represión política, generaron un clima de alta tensión social. Las protestas que surgieron fueron duramente reprimidas, y se documentaron graves violaciones a los derechos humanos por parte de organizaciones tanto nacionales como internacionales.

La crisis política se intensificó aún más con la convocatoria a elecciones legislativas en 2020, proceso que fue ampliamente denunciado como fraudulento por la oposición y diversos actores internacionales, lo que profundizó la desconfianza en el sistema electoral y en las instituciones del país.

En un intento por otorgar cierta legitimidad al proceso electoral de 2024, el 17 de octubre de 2023 el gobierno de Maduro y la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), una coalición de partidos opositores que impulsa una transición democrática, firmaron el Acuerdo de Barbados. El pacto establecía garantías mínimas para la celebración de elecciones libres y competitivas, incluyendo el derecho de los partidos a elegir a sus candidatos y la presencia de observación electoral internacional.

Sin embargo, la implementación del acuerdo se vio rápidamente comprometida. En octubre de 2023, las elecciones primarias de la oposición, en las que María Corina Machado ganó con un 93 % de los votos, fueron seguidas de la decisión del gobierno de inhabilitar su candidatura, alegando irregularidades. Esto dejó a la oposición con apenas trece días para encontrar un nuevo candidato, antes de que cerrase el plazo de inscripción. Luego de varios intentos por postular otros candidatos, también rechazados por problemas técnicos, finalmente, la oposición eligió por unanimidad a Edmundo González Urruta, un exdiplomático pragmático, como su candidato oficial.

 

La hora de la verdad

 

Así fue como las elecciones presidenciales se llevaron a cabo el 28 de julio de 2024, bajo la organización del Consejo Nacional Electoral (CNE), un organismo fuertemente cuestionado por su falta de autonomía frente al poder ejecutivo. Se habilitaron más de 15.000 centros de votación y alrededor de 30.000 mesas electorales en todo el país. Según datos oficiales, más de 21 millones de venezolanos estaban habilitados para votar dentro del territorio nacional.

Sin embargo, la situación fue muy diferente para los millones de venezolanos que residen en el exterior. A pesar de que la diáspora supera los 7,7 millones de personas, solo 69.211 lograron registrarse para votar en embajadas y consulados, lo que representa menos del 1 % del padrón migrante. Diversas organizaciones denunciaron trabas burocráticas, requisitos excesivos y falta de información como mecanismos deliberados para obstaculizar el voto en el extranjero, donde el oficialismo enfrenta un rechazo abrumador.

En la boleta electoral figuraban diez candidatos, pero la contienda se centraba claramente entre dos: Nicolás Maduro, en busca de un tercer mandato consecutivo representando al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), y Edmundo González Urrutia, el candidato de unidad de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), respaldado por María Corina Machado y la mayoría de los sectores democráticos del país. La participación de ambos resumía el choque entre continuidad autoritaria y esperanza de transición, en una elección que muchos consideraban un punto de inflexión para el futuro de Venezuela.

 

Los resultados

 

Como muchos anticipaban, las elecciones no transcurrieron con normalidad ni transparencia. La noche del 28 de julio de 2024, el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció que Nicolás Maduro había sido reelecto con el 51,95 % de los votos, frente al 43,18 % obtenido por Edmundo González Urrutia, el candidato opositor de la Plataforma Unitaria Democrática. La proclamación fue inmediatamente rechazada por la oposición, que denunció un fraude electoral y exigió una auditoría completa del proceso.

Para comprender el trasfondo de este reclamo, es necesario considerar cómo funciona el sistema electoral venezolano. Desde 2004, el país utiliza un mecanismo automatizado que combina el registro electrónico del voto con la emisión de una papeleta física. Una vez cerrada cada mesa, los resultados son transmitidos electrónicamente al centro de totalización en Caracas. Según denunció la oposición, el proceso fue interrumpido cuando apenas el 40 % de las actas había sido oficialmente escrutado, lo que generó fuertes sospechas sobre la transparencia del conteo. A pesar de ello, el CNE proclamó vencedor a Maduro sin publicar el resto de los resultados ni permitir su verificación pública.

La Plataforma Unitaria, liderada políticamente por María Corina Machado, afirmó haber accedido a copias del 73 % de las actas, y con base en ellas aseguró que Edmundo González habría obtenido una victoria clara: 6,27 millones de votos frente a 2,75 millones de Maduro. Esta diferencia sustancial alimentó las denuncias de fraude y provocó una ola de reacciones internacionales. Diversos gobiernos y organismos multilaterales exigieron al régimen venezolano la publicación completa de las actas para verificar la legitimidad de los resultados.

Dentro del país y en el exterior, la proclamación de Maduro desató una nueva oleada de movilización ciudadana. Miles de venezolanos protestaron en ciudades de todo el territorio nacional, así como frente a embajadas y consulados en países con presencia significativa de la diáspora. Las movilizaciones, mayoritariamente pacíficas, fueron duramente reprimidas por las fuerzas de seguridad del Estado. Según organizaciones de derechos humanos, al menos 24 personas murieron y más de 2.200 fueron detenidas en el marco de la represión posterior a los comicios.

 

A un año de las elecciones

 

Desde aquel 28 de julio de 2024, Venezuela ha enfrentado una profundización de la crisis política y social. Tras la denuncia de fraude y la ola de protestas reprimidas con violencia, el escenario político se ha visto marcado por una creciente concentración del poder en manos del oficialismo y un debilitamiento significativo de la oposición.

Hace un año, la dupla Machado-González Urrutia logró articular el malestar de millones de venezolanos y transformarlo en un movimiento esperanzador frente al chavismo. Sin embargo, hoy María Corina Machado continúa su activismo desde la clandestinidad, mientras Edmundo González Urrutia permanece exiliado en Madrid. Las diferencias internas en la oposición se han acentuado, especialmente en torno a la participación en los procesos electorales convocados por el régimen para 2025, lo que ha generado una importante fractura en sus filas.

Esta fractura y la decisión opositora de llamar a la abstención en los comicios regionales y locales celebrados en 2025 se tradujo en un reforzamiento del control del chavismo sobre el país. En las elecciones regionales de mayo, el oficialismo se impuso en 23 de los 24 estados, y en las elecciones municipales de julio obtuvo el control de 285 de los 335 municipios. Estos resultados consolidan el dominio político del oficialismo, en un contexto de cuestionada legitimidad y creciente aislamiento internacional.

Por su parte, la comunidad internacional, incluyendo Estados Unidos, la Unión Europea y numerosos países latinoamericanos, ha mantenido la exigencia de transparencia electoral y respeto a los derechos humanos en Venezuela. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral, bajo el control del oficialismo, no ha presentado hasta ahora pruebas que respalden la proclamación de Maduro, ni ha permitido una auditoría completa del proceso.

 

Hacia el futuro

 

A pesar de la dura realidad que enfrenta Venezuela, la historia reciente muestra que la voluntad de cambio sigue viva en millones dentro y fuera del país. La lucha por la democracia no es sencilla ni inmediata, pero tampoco imposible. La resistencia, la organización y la unidad serán claves para recuperar un futuro donde la libertad, la justicia y el respeto a los derechos humanos sean la base de la vida cotidiana.

La historia de Venezuela está marcada por desafíos profundos, pero también por la capacidad de su pueblo y de todos quienes lo apoyan para resistir y soñar con un país mejor. Cada paso, por pequeño que sea, cuenta. Mientras haya quienes estén dispuestos a luchar por esos derechos y a no rendirse, el camino hacia una verdadera democracia seguirá abierto.

Este artículo invita a no perder de vista que la transformación es posible y que el futuro de Venezuela depende, en última instancia, de la fuerza y la convicción de su gente y de quienes la acompañan en esta lucha.

 

 


 

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