Un proyecto de CESCOS
El pasado 14 de abril un extenso número de ex presidentes y premios nobel de medicina, de la paz, de química y de física le pidieron al presidente de los EEUU, Joe Biden, que libere las patentes de las vacunas contra el COVID-19. Según este conjunto reconocido y respetado de científicos y políticos, dado que el gobierno americano había invertido en distintos ensayos, como el de las exitosas Pfizer y Moderna, de ello se seguía que tenía el derecho e incluso la obligación de compartir con el resto del mundo las patentes de invención para así poder contribuir a una inmunización colectiva que, de otra forma, no llegaría a los países pobres antes del año 2024. El razonamiento es insólito y peligroso: estos líderes políticos y premios nobel pretenden que el país que desarrolló las principales vacunas contra el COVID-19 cargue con el costo de subsidiar y transferir al resto el resultado de ese complejo proceso de inversión e investigación. Básicamente, Pfizer, Moderna y (entre otros procesos en marcha) Janssen deberían pagar por el resultado obtenido en tiempo record de sus investigaciones o, en su defecto, ese costo debería pagarlo el contribuyente americano mediante una compensación que el fisco le diera a las respectivas empresas.