Libertad, Liberalismo y democracia en América Latina: una difícil combinación

#AméricaLatina

Por Constanza Mazzina
Doctora en Ciencia Política,
con un postdoctorado en el
Instituto Barcelona de Estudios
Internacionales (IBEI). Docente de
posgrado en Eseade, UB y USAL.

 

El presente ensayo ha sido ganador del Primer Premio del XVII Concurso de Ensayo de Caminos de la Libertad México 2022

 

Introducción

Quizás sea liberalismo el término más atacado en las últimas décadas por el marxismo cultural en clave gramsciana. Liberal y liberalismo guardan una connotación negativa que se ha traducido como el origen de todos los males. Particularmente, América Latina ha sido tierra fértil para este discurso que embiste permanentemente contra el liberalismo y utiliza como sinónimos para denostarlo términos tales como “fascista”, “oligarquía”, “cipayos”, “imperialistas” o “vendepatria”. La propaganda antiliberal ha hecho mella en nuestra ciudadanía, en la academia, en los medios de comunicación.

El ataque al liberalismo y a la democracia liberal ha sido sistemático y no ha dado tregua. Separando la democracia de su condición necesaria, la libertad, hemos parido estas democracias “iliberales” o, incluso, autocracias. En el mejor de los casos, estamos frente a democracias defectuosas, delegativas (O´Donnell, 2011), con adjetivos (Collier y Levitsky, 1997). Por ese motivo, este ensayo encierra el objetivo de recuperar la defensa de la libertad, del liberalismo y de la democracia. No podemos entender la democracia sin libertad, la democracia no puede funcionar sin libertad. Sabemos que no hay democracia sin libertad. En las próximas páginas desarrollamos esa necesaria interdependencia y analizamos la situación de la democracia vis a vis la libertad en América Latina.

En otros escritos se desarrolla in extenso el origen y el sentido de la libertad en clave liberal (libertad de los antiguos y libertad de los modernos, libertad de y libertad para), pero no en este. Aquí nos referimos a una relación olvidada pero que nos interpela como liberales y, fundamentalmente, como latinoamericanos. Como individuos que queremos vivir en libertad y en democracia, presentamos estas reflexiones. En todo caso, nos preguntamos por la forma que toma la democracia en América Latina cuando se limita la libertad del individuo.

El texto se organiza de la siguiente manera: en el primer apartado reflexionamos acerca de la interdependencia entre liberalismo y democracia para luego pensar cómo está funcionando la misma en América latina. Hacia el final, algunas reflexiones.

 

Democracia y liberalismo

Comenzamos este apartado pensando el aporte del liberalismo a la política. Nos preguntamos cuáles son los temas centrales y las herramientas más importantes. ¿Cómo conjugamos liberalismo y democracia?

Los liberales clásicos estamos principalmente preocupados por establecer límites a la acción de los gobiernos. Somos personas más interesadas en cómo se gobierna que con quién lo hace. Desde que los individuos reflexionamos sobre política hemos debatido y escrito sobre dos asuntos diferentes: cómo llegar y mantenerse en el poder y, por otro lado, sobre cómo limitar el poder. El liberalismo clásico intenta dar solución, respuesta a los problemas del ejercicio del poder emanados de la atribución del monopolio de la fuerza al estado. Desde la Carta Magna de 1215, pasando por la Petición de Derechos de 1688 hasta la experiencia de la Constitución de Estados Unidos de 1787, todas han tenido por fin limitar el poder de los gobernantes. El liberalismo se levantaba contra el absolutismo monárquico: allí están los Discourses Concerning Government de Algernon Sidney y el Segundo Ensayo de John Locke. El ethos era la preservación de la libertad individual.

Desde sus inicios, el liberalismo se hizo cargo del gran desafío de limitar el poder de los gobernantes, e intentó acercar respuestas, herramientas, soluciones al ejercicio del poder. Nunca tan actual como en este inicio del siglo XXI: la vida democrática no ha podido salvar los vicios que conlleva el ejercicio del poder y los flagrantes abusos que cometen los gobernantes cada día en nombre de aquellos a quienes gobiernan. América Latina, de Venezuela a Nicaragua, pero incluso Argentina o Bolivia, sucumben a la tentación, por eso hablaremos de ello en el próximo apartado.

Es así que democracia y liberalismo dan respuesta a dos cuestiones, dos preguntas diferentes, de la ciencia política pero que al mismo tiempo se complementan y completan. La primera, democracia, responde al planteamiento de quién debe ejercer el poder; y la segunda, liberalismo, al de qué limitaciones debe tener el poder político, ejérzalo quien lo ejerza. El liberalismo nos habla de la necesaria limitación del poder, la democracia es una respuesta – entre otras posibles- a cómo se accede al poder .

La doctrina de separación de poderes tiene su fundamento en que la dispersión del poder evita su uso arbitrario, su concentración y acumulación y que, por el contrario, su concentración –ya sea en una persona, en un grupo o en una asamblea- siempre avasalla la libertad del individuo, convirtiendo al gobierno –repitamos, de uno o de muchos- en un aparato despótico y discrecional. ¿Cómo hacer para que quien posea el monopolio de la fuerza no la utilice para invadir ámbitos que le están vedados? El liberalismo clásico se encontró ante el desafío de cómo limitar el poder.

Las respuestas que surgieron para evitar los abusos de la autoridad apuntaron a fragmentar, separar, dividir, el poder de los gobernantes y a otorgar defensas y protección a los gobernados. Mecanismos, recursos, pilares, que el liberalismo clásico diseñó para preservar la libertad, son baluartes contra el despotismo, son muros de contención contra la concentración del poder. Desde Locke y Montesquieu, pasando por Tocqueville y Bastiat, estos son los temas que recorren sus cavilaciones, sus escritos y son la base de su pensamiento, que aquí presentamos someramente. El mecanismo por el cual los creadores del constitucionalismo liberal esperaban proteger la libertad individual fue la separación de poderes. La teoría de la separación de poderes constituye la respuesta al problema de si la acción de los gobernantes debe o no debe estar encuadrada y limitada por normas expresamente dictadas para el caso. La idea subyacente es preservar la libertad del individuo y para ello se distribuye el poder estatal entre distintos órganos, intentando de esta manera evitar la acumulación excesiva de poder en alguno de ellos. Es decir, se trata fundamentalmente de distribuir y controlar el ejercicio del poder político.

Por otro lado, la democracia liberal no justifica el uso arbitrario del poder político ni el uso prebendario y discrecional del estado. En su obra ¿Qué es la democracia?, Giovanni Sartori se pregunta “entonces, ¿qué cosa es el liberalismo puro y simple, digamos, el ‘liberalismo clásico’? … ” y responde: “es la teoría y la praxis de la libertad individual.” (Sartori, 2003, 279). Y agrega “redescubriendo las virtudes políticas –y a mi juicio la esencia- del liberalismo: que el poder incontrolado es insufrible y desastroso; que jueces y tribunales deben ser verdaderamente independientes; que las constituciones no son meramente cualquier estructura que el estado posea, sino una específica estructura que garantice, limite y restrinja realmente a los detentadores del poder”. (Sartori, 2003)

El liberalismo trata de la libertad política del ciudadano contra la opresión del Estado, es la teoría y la práctica de la defensa a través del Estado constitucional de la libertad individual. Así, los liberales centraron sus preocupaciones en cómo se gobierna, más que en los títulos que puede ostentar quien gobierna. En apretada síntesis, dieron mayor importancia al problema de los límites del poder que a la preocupación por los orígenes del mismo. Por debajo de esta relación subyace una fuerte convicción de que el ámbito político es sólo un medio para proteger los derechos individuales, conjuntamente con una correlativa desconfianza hacia los gobernantes.

Considerando el riesgo potencial constante de la discrecionalidad y arbitrariedad del -en el- ejercicio del poder es que la condición necesaria, el marco que hace posible, a la democracia y a la libertad es el estado de derecho. Estado de Derecho significa que todas las acciones del gobierno están limitadas por reglas establecidas y anunciadas previamente, reglas que permiten prever con certeza la forma en que las autoridades utilizarán sus poderes de coerción y que, de esa forma, permiten planificar la actividad individual.

El estado de derecho se ve plasmado en las fórmulas “Rule of Law” (gobierno de la ley) y en “Government Under the Law” (gobierno bajo la ley). Esto tiene dos implicancias: a) la idea de que la Ley excluye el ejercicio del poder arbitrario y b) la igualdad ante la ley y la sujeción a la misma tanto de los gobernados como de los gobernantes. Quizás sea prudente aquí recordar la definición de Friedrich A. von Hayek cuando indica que el estado de derecho, en el sentido de primacía de la ley formal, es la ausencia de privilegios legales para unas personas designadas autoritariamente, lo que salvaguarda aquella igualdad ante la ley que es lo opuesto al gobierno arbitrario:

Nada distingue con más claridad las condiciones de un país libre de las que rigen en un país bajo un gobierno arbitrario que la observancia, en aquél, de los grandes principios conocidos bajo la expresión Estado de Derecho (Rule of Law). Despojada de todo su tecnicismo, significa que el Estado está sometido en todas sus acciones a normas fijas y conocidas de antemano; normas que permiten a cada uno prever con suficiente certidumbre cómo usará la autoridad en cada circunstancia sus poderes coercitivos, y disponer los propios asuntos individuales sobre la base de este conocimiento. (Hayek, 2008, Cap.VI)

Norberto Bobbio recuerda en el capítulo “Los límites del poder del Estado” de su libro Liberalismo y Democracia, que un estado limitado supone: límites a los poderes y límites a las funciones del estado. Quizás sean estas palabras de Bobbio las que mejor resuman y expresen la interrelación entre estos conceptos, presentes en El futuro de la Democracia:

también para una definición mínima de democracia, como es la que adopto, no basta ni la atribución del derecho de participar directa o indirectamente en la toma de decisiones colectivas para un número muy alto de ciudadanos ni la existencia de reglas procesales como la de mayoría (o en el caso extremo de unanimidad). Es necesaria una tercera condición: es indispensable que aquellos que están llamados a decidir o a elegir a quienes deberán decidir, se planteen alternativas reales y estén en condiciones de seleccionar entre una u otra. Con el objeto de que se realice esta condición es necesario que a quienes deciden les sean garantizados los llamados derechos de libertad de opinión, de expresión de la propia opinión, de reunión, de asociación, etc., los derechos con base en los cuales nació el Estado liberal y se construyó la doctrina del Estado de Derecho en sentido fuerte, es decir, del Estado que no sólo ejerce el poder sub lege,* sino que lo ejerce dentro de los límites derivados del reconocimiento constitucional de los llamados derechos «inviolables» del individuo. Cualquiera que sea el fundamento filosófico de estos derechos, ellos son el supuesto necesario del correcto funcionamiento de los mismos mecanismos fundamentalmente procesales que caracterizan un régimen democrático. Las normas constitucionales que atribuyen estos derechos no son propiamente reglas del juego: son reglas preliminares que permiten el desarrollo del juego. (Bobbio, 1984, 15)

Hasta aquí hemos hablado de democracia y democracia liberal como sinónimos. Veamos por qué. Mises sostuvo que “democracia sin liberalismo es una forma vacía de sentido” (1968: p. 91). La democracia liberal es un complejo andamiaje institucional que hereda de las tradiciones que le dan su nombre elementos que la definen. Los elementos fundantes del liberalismo son el respeto por los derechos de los individuos, entendidos como libertades básicas (reunión, opinión, asociación, prensa, expresión), los mecanismos de frenos y contrapesos (checks and balances), la temporalidad en el ejercicio del poder y la rotación en cargos públicos y la transparencia, así como la rendición de cuentas (accountability) de los gobernantes. En esta concepción de la democracia ningún actor tiene jamás en sus manos todo el poder por un período de tiempo indefinido ni tiene la oportunidad de ejercerlo sin control ni contrapesos. En la genética de estas tradiciones está el respeto por quien piensa diferente (libertades) y la tolerancia. El estado de Derecho es la condición necesaria de este andamiaje y el gobierno (y el gobernante) no puede hacer y deshacer la ley a su antojo, sino que la ley está por encima de aquél.

Síntesis hecha por Mario Serrafero en el año 2013: “La confluencia de las dos corrientes, en los regímenes contemporáneos ha dado lugar a una democracia liberal-republicana que conserva los elementos de ambas corrientes y que se expresan a través de los siguientes elementos básicos que constituyen engranajes esenciales y que hacen al buen funcionamiento de una República: 1) mecanismo efectivo de división de poderes y checks and balances; 2) rotación en los cargos públicos; 3) publicidad y transparencia de los actos de gobierno; 4) responsabilidad política (accountability) de los gobernantes.” Si el liberalismo desconfía del poder, de allí su necesaria limitación, el republicanismo se define por oposición al cesarismo.

Coincidiendo con Bobbio, como hemos señalado, el estado de derecho es el marco necesario, la condición sine qua non de la democracia. Sin estado de derecho, la democracia se transmuta en autocracia. Nuevamente en palabras de Serrafero “se considera que el respeto a la ley es el requisito básico de convivencia social y de progreso. Las normas jurídicas deben ser acatadas por todos los ciudadanos y, con más razón, por aquellos que tienen las funciones de dirección y administración de la cosa pública.” (2013,18) Además, el recordado politólogo argentino sostenía que: “La democracia en clave liberal-republicana implica no sólo el cumplimiento de los requisitos electorales que hacen a la selección de los gobiernos de acuerdo con la preferencia y decisión de los ciudadanos, sino también el cumplimiento de prerrequisitos, como por ejemplo: a) la existencia y vigencia de libertades y derechos individuales; b) el gobierno de la mayoría y el respeto de las minorías; c) reglas y procesos claros y transparentes que definan la participación de los ciudadanos en la cosa pública”. Para la mirada liberal, por lo tanto, es imposible concebir un diseño institucional en el que prime una forma ilimitada de democracia y a un gobierno que no esté sujeto por el Estado de Derecho.

Resta agregar, no menos importante, que la democracia liberal tiene una aspiración normativa, en este sentido la democracia se traduce en principios tales como: el pluralismo, la igualdad ante la ley, la libertad individual, el control judicial sobre el poder ejecutivo, el control del poder legislativo sobre el poder ejecutivo también. En esta clave encontramos: respeto a las libertades individuales (de prensa, de opinión, de circulación, reunión, de religión), los mecanismos de frenos y contrapesos (checks and balances), la temporalidad en el ejercicio del poder y la rotación en cargos públicos y la transparencia y rendición de cuentas (accountability) de los gobernantes. En esta concepción de democracia ningún actor tiene jamás en sus manos todo el poder por un período de tiempo indefinido ni tiene la oportunidad de ejercerlo sin control ni contrapesos. En la genética de esta tradición está el respeto por quien piensa diferente (libertades) y la tolerancia. La democracia liberal interpela al individuo y lo transforma en ciudadano, su interlocutor principal no es el pueblo, sino el ciudadano.

Podemos resumir lo aquí expuesto en un decálogo del liberalismo político que comprende:

• Estado de derecho
• Libertades individuales
• Igualdad ante la ley
• Gobierno limitado
• Individualismo metodológico
• Respeto y tolerancia
• Temporalidad y alternancia
• Pluralismo
• Rendición de cuentas^[1]
• Transparencia

La relación entre libertad y democracia en América Latina

Uno de los grandes debates contemporáneos en el ámbito internacional está sin duda relacionado con la crisis de la democracia liberal a nivel global, como así también con el surgimiento de alternativas “iliberales” (Zakaria, 1997; Merkel, 1999 y 2004). Teniendo en consideración este particular y desafiante contexto internacional para la democracia liberal, nos preguntamos acerca del impacto del mismo sobre América Latina, ¿qué modelo de democracia presenta la región?. En todo caso, ¿Podemos pensar a la democracia sin libertad? ¿Cómo funciona el estado de derecho en América Latina?

Hacia fines de los años ochenta y principios de los noventa, la agenda regional estuvo marcada por la vuelta a la democracia (transiciones, redemocratizaciones) mientras la agenda internacional tuvo su cenit con la caída del Muro de Berlín en un lejano día de noviembre de 1989. Si los años 80 fueron duros en materia económica para la región (la década perdida) la política parecía mejorar; los noventa iniciaban con un nuevo aire: la democracia había vencido al autoritarismo y portaba una renovada esperanza. En América Latina vivimos esa ilusión, alentada por los cambios económicos impulsados por el Consenso de Washington y la pérdida de caballos de fuerza del modelo keynesiano. Sin embargo, los resabios autoritarios de las izquierdas latinoamericanas, en su afán de sobrevivir, de un modo o de otro trataron de reinventarse. Y al hacerlo, empezaron a minar las bases de las democracias liberales en todos los países de la región, disfrazándose bajo la apariencia de un clamor por mayor democracia. Y convirtieron a la democracia en algo que no es al quitarle sus atributos liberales.

Así, en el camino quedó la impresión de que la democracia es sinónimo de elecciones. Desde el inicio de las transiciones, la pregunta sobre qué es democracia fue respondida de forma sencilla: elecciones. Pero sin hablar de competencia, de transparencia, de periodicidad, los procesos electorales sin adjetivos dieron paso a las democracias “con adjetivos”. Democracias delegativas, iliberales. Gobiernos que llegaban democráticamente e iban cancelando instituciones propias de la democracia, los mecanismos de rendición de cuentas eran molestos, eran un “estorbo” -O´Donnell dixit-. Hoy, las democracias mueren en las manos de líderes electos que hacen uso y abuso del poder para subvertir los mecanismos democráticos a través de los cuales llegaron al poder; una a una van desmantelando las instituciones que definen a las poliarquías. (Mazzina & Bavastro, 2020) Andrés Malamud se hizo eco de este debate y en julio de 2019 publicó en Nueva Sociedad “¿Se está muriendo la democracia?”. El autor indica que, “hasta la década de 1980, las democracias morían de golpe [breakdowns]. Literalmente. Hoy no: “ahora lo hacen de a poco, lentamente. Se desangran entre la indignación del electorado y la acción corrosiva de los demagogos^[2].”

Entrados los años 2000, el aire bolivariano renovó el discurso de la izquierda: la llegada del chavismo le dio nueva vida al castrismo y a sus intentos de terminar con la democracia liberal. La prédica contra la democracia iba creciendo. Castro le enseñó a Chávez una lección: había aprendido que realizar elecciones le daba un aura de legitimidad que las armas no. Así, a través de procesos electorales mayormente competitivos, el socialismo del siglo XXI fue accediendo al poder para cambiar las mismas reglas que le habían permitido ese acceso. Cancelando libertades y cooptando instituciones, su matriz autoritaria se iba extendiendo. Ya lo señalaba el informe de IDEA: “los retrocesos democráticos modernos ocurren desde el interior del sistema democrático, a través de reformas legislativas y constitucionales y de decisiones políticas tomadas por mayorías democráticamente elegidas. El gradual vaciamiento de los pilares no electorales de las democracias en retroceso, finalmente daña los principios básicos de control popular e igualdad política de la democracia^[3]”. El informe añade “el retroceso democrático, una forma específica de erosión democrática que implica el debilitamiento intencional del sistema de separación de poderes a través de restricciones a las libertades civiles, ha sido cada vez más frecuente en el último decenio. Los Índices del estado de la democracia en el mundo definen retroceso democrático como un debilitamiento gradual e intencional del control ejercido sobre las instituciones gubernamentales y de rendición de cuentas, acompañado de una disminución de las libertades civiles.^[4]“

Aplaudidos y aclamados, llegaron al poder para no irse. Sin alternancia, sin temporalidad en el ejercicio del poder, sin rendir cuentas de sus actos u omisiones, limitando derechos civiles y políticos (pensar y opinar libremente, elegir y ser elegido, prensa, reunión, participación, protesta, y un largo etc.), atacando el pluralismo político y fustigando al poder judicial. La historia nos jugó una mala pasada, y ahí se instalaron los nuevos autoritarismos del siglo XXI. Cuba ya no estaría sola, Venezuela y Nicaragua fueron buenos alumnos, y, siguiendo el modelo cubano, dejaron a sus ciudadanos sin democracia. Sin libertad y sin democracia. El silencio o la complicidad de tantos intelectuales y políticos fue y es funcional a este proceso.

En el nuevo discurso de las izquierdas de América Latina se hacía presente la crítica a la democracia representativa, en favor de la democracia directa y “participativa”. Hugo Chávez se convirtió en verdadero gurú y referente para utilizarla como émbolo de su proyecto autoritario del “socialismo del siglo XXI” que después continuaría Nicolás Maduro y lo emularan otros como Morales, Correa, Ortega y Zelaya (o Xiomara Castro, esposa de aquél y actual presidente de Honduras), con algunos decibeles menores -y quizás con menos recursos disponibles- pero con el mismo espíritu. Al mismo tiempo, se reclaman democráticos para utilizar un velo de legitimidad frente a una comunidad internacional cada vez más indiferente. Como democracias “populares” o “soberanas”, manipulan conceptos y procesos.

El desmantelamiento del estado de derecho fue una condición necesaria pero también una consecuencia práctica de estas autocracias en ciernes. La autocratización puede ser definida como un proceso de cambio de régimen que hace el ejercicio del poder político tendencialmente más arbitrario y represivo y que restringe el espacio para la contienda pública y la participación política en el proceso de selección del gobierno.

El modelo de autocratización se fue exportando, con su propaganda, con el turismo, con la incursión ideológica en universidades, en instituciones académicas, en organismos internacionales y regionales. El ALBA^[5] venía a salvar a los pueblos del ALCA^[6], pero la realidad se impuso al relato. Mientras el relato construía una sociedad “justa”, la ciudadanía se encontraba sin servicios e insumos básicos, desde papel higiénico, energía eléctrica o gasolina. Como en 1984 de George Orwell: “las predicciones del Ministerio de la Abundancia calculaban la producción de botas para el trimestre venidero en ciento cuarenta y cinco millones de pares. Pues bien, la cantidad efectiva fue de sesenta y dos millones de pares. Es decir, la cantidad declarada oficialmente. Sin embargo, Winston, al modificar ahora la «predicción», rebajó la cantidad a cincuenta y siete millones, para que resultara posible la habitual declaración de que se había superado la producción. En todo caso, sesenta y dos millones no se acercaban a la verdad más que los cincuenta y siete millones o los ciento cuarenta y cinco. Lo más probable es que no se hubieran producido botas en absoluto. Nadie sabía en definitiva cuánto se había producido ni le importaba. Lo único de que se estaba seguro era de que cada trimestre se producían sobre el papel cantidades astronómicas de botas mientras que media población de Oceanía iba descalza.”

Esto se ha traducido en el ataque a varias instituciones clave de la democracia: los partidos políticos, los parlamentos y los medios de comunicación. Las izquierdas latinoamericanas no pueden desmarcarse del populismo que obliga a comprar adeptos con ingentes despilfarros de gasto público, el cual requieren manejar sin excesivos filtros ni controles. Filtros que un sólido sistema de partidos y asambleas legislativas consistentes pueden fijar como límite al ejercicio del gobierno y por consecuencia, límite a la propensión al gasto público desmesurado. En su mayoría, exhibieron un déficit fiscal insostenible y una red de corrupción gigantesca^[7]. Sabemos que a las autocracias no les gusta rendir cuentas, no les gusta la transparencia, no les gusta que las estudien.

Por si fuera poco, durante la pandemia de Covid19, muchos gobiernos de la región aprovecharon la situación para restringir libertades individuales y avanzar sobre instituciones de accountability horizontal y el estado de derecho. Como ha indicado IDEA “algunos gobiernos democráticamente electos vienen combatiendo la pandemia concentrando poderes de emergencia que restringen los derechos humanos y reforzando el Estado de vigilancia sin consideración alguna por las restricciones legales, la supervisión parlamentaria o los marcos temporales para la restauración del orden constitucional. Los parlamentos vienen siendo dejados de lado, los periodistas están siendo arrestados y acosados, las minorías están siendo convertidas en chivos expiatorios (…).^[8]”

América Latina, con gobiernos democráticos y autocráticos, mostró un patrón predecible: la voluntad de los gobiernos de sacrificar las libertades civiles y la búsqueda permanente del ejercicio de la autoridad sin control.

Algunos proyectos como VDem o IDEA Internacional han desarrollado mediciones sobre la democracia, la libertad y el estado de derecho y otros índices trabajan aspectos específicos como Freedom House, Rule of Law Index, Transparencia y Heritage con su índice de Libertad Económica. De ellos tomaremos información para mostrar la situación actual de la región. Como veremos a continuación, en la pugna global entre democracia y autocracia, Latinoamérica es un escenario donde la libertad retrocede (Chaguaceda dixit)^[9].

 

 

	Democracy index (EIU)[10]	Estado de derecho (WJP)[11]	Percepción de la Corrupción (TI)[12]	Libertad de prensa (RSF)[13]	Freedom House[14]	Libertad  económica (Heritage)[15]	V-Dem Liberal Democracy Index (LDI)[16]
Mejor puntuación en este ranking	Noruega 9.75	Dinamarca 0.90	Dinamarca 88	Noruega 92.65	Finlandia, Noruega y Suecia 100	Singapur 84.4	Suecia 0.88
Argentina	6.81	0.56	38	77.28	84	50.1	0.66
Bolivia	4.65	0.39	30	47.58	66	43	0.37
Brasil	6.86	0.50	38	55.36	73	53.3	0.51
Chile	7.92	0.66	67	60.61	94	74.4	0.77
Colombia	6.48	0.49	39	42.43	64	65.1	0.47
Cuba	2.59		46	27.32	12	29.5	0.08
Ecuador	5.71	0.48	36	64.61	71	54.3	0.47
El Salvador	5.72	0.48	34	54.09	59	59.6	0.21
México	5.57	0.43	31	47.57	60	63.7	0.39
Nicaragua	2.69	0.38	20	37.09	23	54.8	0.06
Paraguay	5.86	0.48	30	58.36	65	62.9	0.43
Perú	6.09	0.49	36	61.75	72	66.5	0.65
Uruguay	8.85	0.71	73	72.03	97	70	0.76
Venezuela	2.11	0.27	14	37.78	14	24.8	0.07

Fuente: Elaboración propia en base a los índices detallados.

Transparencia Internacional ha identificado que los países que vulneran las libertades civiles obtienen de forma consistente puntuaciones más bajas en el índice. La complacencia en la lucha contra la corrupción da pie a violaciones de derechos humanos de mayor gravedad y socava la democracia, generando así una espiral viciosa. Conforme se erosionan los derechos y libertades y se debilita la democracia, el autoritarismo avanza, lo cual contribuye a aumentar aún más la corrupción. Al tiempo que la lucha contra la corrupción se estanca y deteriora, los derechos humanos y la democracia están siendo atacados. De los 23 países cuya puntuación ha caído significativamente desde 2012, 19 también han perdido puntos en cuestión de libertades civiles. Además, de los 331 casos registrados de asesinatos de defensores de los derechos humanos en 2020, el 98% se produjeron en países con calificaciones por debajo de 45^[17].

Para el Índice de Democracia de The Economist Intelligence Unit, América Latina sufrió un gran revés en 2021. El cambio en el puntaje de la región en 2021 fue el mayor declive interanual experimentado por cualquier región desde el inicio del Índice de Democracia en 2006. Fue acompañado por cinco países degradados en términos de tipos de régimen (uno de «completo» a «defectuoso», tres de “defectuoso” a “híbrido” y uno de “híbrido” a “autoritario”). La región también estableció un poco envidiable récord en 2021 al tener el mayor número de países que han registrado bajas de dos dígitos,con siete países cayendo en la clasificación entre diez y 20 lugares, y varios otros descendiendo ocho lugares. El puntaje de la región en todas las categorías del índice empeoró en 2021, liderado por un fuerte descenso en la puntuación de cultura política. Esto refleja el descontento público con el manejo de los gobiernos de la pandemia de coronavirus, que amplificó la tendencia preexistente de creciente escepticismo sobre la capacidad de los gobiernos democráticos para abordar los problemas de la región y de la creciente tolerancia al gobierno autoritario. El compromiso cada vez más débil de América Latina con la democracia ha dado lugar al crecimiento de modelos iliberales, como Jair Bolsonaro en Brasil, Andrés Manuel López Obrador en México y Nayib Bukele en El Salvador, además de fomentar prácticas autoritarias en regímenes como Nicaragua y Venezuela.

A continuación se muestra, en función de las cinco categorías del Democracy Index de The Economist Intelligence Unit, el nivel de democracia de los países analizados en el presente trabajo, los cuales se encuentran agrupados en orden según el tipo de régimen que poseen. A mayor puntaje, estamos en presencia de democracias plenas, los puntajes inferiores indican que estamos en presencia de autoritarismos plenos. El índice comprende 60 indicadores en cinco categorías: proceso electoral y pluralismo, funcionamiento del gobierno, participación política, cultura política democrática y libertades civiles. El índice ofrece la siguiente clasificación:

Democracias plenas: 8,1 puntos o más.

Democracias defectuosas: 6,1 a 8 puntos.

Regímenes híbridos: 4,1 a 6 puntos.

Regímenes autoritarios: 4 puntos o menos.

El índice de estado de Derecho elaborado por el World Justice Project nos da cuenta de la inestabilidad del estado de derecho en América Latina. Hemos hecho referencia a la necesaria relación entre Estado de derecho y democracia, sin embargo esa relación en América Latina es muy débil. La ley política reemplaza al estado de derecho, en muchos países los gobernantes quieren hacer la ley a su antojo y, por lo tanto, no cumplir con el estado de derecho. Los países que más respetan el estado de derecho son Uruguay y Chile, con 0.71/1 y 0.66/1 respectivamente; comparamos con el de mejor puntuación de este índice,Dinamarca, que obtiene 0.90/1.

Para representar cómo la corrupción es percibida en los casos estudiados, se tomó el índice de Transparencia Internacional denominado “Corruption Perceptions Index”, permitiendo colocar a los países en una escala del 0 al 100 según sean considerados “limpios” (mayores puntajes) o “altamente corruptos” (menores puntajes)

En función del recuento de ataques cometidos contra profesionales de los medios y cuestionarios a especialistas, el índice de Reporteros Sin Fronteras permite colocar a los países analizados en una escala del 0 al 100 según sus logros en la defensa de la libertad de prensa. A continuación se muestra cuáles se encuentran en una situación muy grave hasta llegar a aquellos con puntajes más favorables.

El siguiente gráfico deja en evidencia el grado de acceso a los derechos políticos y a las libertades civiles que tienen los individuos en los países bajo análisis, según los resultados del índice de Freedom House del último año que indica si son libres, parcialmente libres o si no tienen libertad.

En el próximo gráfico, basado en el “Index of Economic Freedom” desarrollado por Heritage, se observa cómo se ordenan los países según su nivel de libertad económica, la cual es medida según 4 pilares: estado de derecho, tamaño del gobierno, eficiencia regulatoria y apertura de mercados.

El último gráfico de barras representa la posición que el Índice de Democracia Liberal de V-Dem le otorga a cada país estudiado, tomando como referencia las instituciones electorales centrales y diversos aspectos como el estado de derecho y los derechos individuales.

Como señala IDEA en su “Llamado para defender la Democracia”: en contraste con la propaganda autoritaria, “los flujos de información libres y creíbles, el debate basado en hechos sobre las opciones políticas, la autoorganización voluntaria de la sociedad civil y el compromiso abierto entre el gobierno y la sociedad son activos vitales para combatir la pandemia. Y todos son elementos clave de la democracia liberal. Sólo a través de la democracia las sociedades pueden construir la confianza social que les permite perseverar en una crisis, mantener la resiliencia nacional frente a las dificultades, curar las profundas divisiones sociales mediante la participación y el diálogo inclusivos, y mantener la confianza en que el sacrificio será compartido y los derechos de todos los ciudadanos serán respetados^[18]”.

Conclusión

América latina presenta un panorama sombrío. El avance autocrático ha mutado desde el siglo pasado, pero no se ha detenido. Las renovadas izquierdas revolucionarias han logrado tergiversar el concepto de democracia para “emanciparlo” de la libertad en aras de una justicia social que claman llegará. Así, sin libertad, el avance sobre el estado de derecho ha sido inminente. Sin estado de derecho no hay justicia posible. Y los sueños revolucionarios siguen adormeciendo a millones de ciudadanos que esperan al salvador, al redentor. Las soluciones facilistas y los atajos han estado a la orden del día, ofreciendo al pueblo soluciones casi mágicas. El liberalismo, por el contrario, interpela al individuo, no al pueblo, y ofrece soluciones donde el mérito y el esfuerzo son el camino.

Llegados a este punto, la democracia latinoamericana, hija de la tercera ola, ha generado grandes decepciones pero ha posibilitado también la llegada de políticos inescrupulosos que la han utilizado para terminar acabando con ella. En democracia se puede perder, esa es la regla del juego electoral. Perder y aceptar la derrota. Las nuevas autocracias no juegan este juego: no están dispuestas a perder, ni a irse.Así, ante nuestros ojos, desmantelan instituciones necesarias para la vida y la convivencia pacíficas: el respeto, la tolerancia, la igualdad ante la ley, la libertad de expresión, opinión, prensa, información. Han convertido a la democracia en una cáscara vacía, sin contenido, sin valores, sin normas. El estado de derecho ha sido magullado en función del ejercicio arbitrario del poder.

Algunas líneas de investigación quedan aquí abiertas: ¿cómo recomponer la relación entre democracia y libertad?, ¿cómo construimos una nueva narrativa que supere el relativismo cultural de la izquierda radical y al mismo tiempo consolidamos una democracia cimentada en instituciones fuertes?. Surge entonces una necesidad inminente: recuperar al individuo -ciudadano para que sea el protagonista de una nueva gesta por la libertad en América Latina.

Bibliografía

Bobbio, Norberto (1986) El futuro de la Democracia, México: FCE.

Bobbio, Norberto (1989) Liberalismo y Democracia, México: FCE.

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16. Autocratization Changing Nature ? ↑
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18. https://www.idea.int/sites/default/files/multimedia_reports/A_Call_to_Defend_Democracy_Letter_Spanish-25June2020.pdf Las negritas son nuestras. ↑

 

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