#Bolivia

Por Florencia Constanza Alcaraz
Fellow de CESCOS

 

Introducción

Después de 18 largos años de dictadura militar, Bolivia logró recuperar el rumbo democrático en 1982 con la victoria de un gobierno constitucional presidido por Hernán Siles Suazo, perteneciente a la Unidad Democrática y Popular (UDP). La restauración de la elección democrática marcó un hito en la consolidación democrática del país:

“A pesar de que Bolivia tenía poca experiencia con la democracia representativa antes de la década de 1980, tuvo el período democrático más largo de su historia. Las elecciones libres y justas han desplazado a los golpes de Estado y a las elecciones fraudulentas como principales medios para acceder al poder.”^[1]

Durante los años del régimen democrático, se ha observado que en Bolivia la democracia adolece de un compromiso político y que aún no se ha logrado articular la voluntad del pueblo, además que el sistema de representación política es débil y se confunde con los intereses personales.” ^[2] Estos rasgos persisten hasta cierto punto en la realidad actual. A pesar de las circunstancias críticas de finales de 2019, cuando estalló una crisis política que desafió la estabilidad democrática, las elecciones nacionales de 2020 y subnacionales de 2021 demostraron el esfuerzo decidido de la ciudadanía por superar la crisis a través de los recursos institucionales del régimen democrático. Este proceso evidenció un avance hacia una democracia más participativa e inclusiva.

Sin embargo, persiste un problema latente en la sociedad boliviana: las dificultades para definir su sistema presidencialista parlamentarizado. A lo largo de este ensayo, se analizará el debate histórico sobre el régimen boliviano, explorando los diversos puntos de vista de los autores. El objetivo es comprender el tipo sui generis de presidencialismo que ha emergido en Bolivia y explorar las consecuencias e implicaciones que ha tenido para la democracia representativa.

 

Un poco de historia, el fenómeno MAS

Las elecciones presidenciales de diciembre de 2005 supusieron un punto de inflexión en la historia del país tras la victoria electoral del Movimiento Al Socialismo (MAS). Así es como Evo Morales, el 22 de enero del 2006, se convierte en el presidente de Bolivia proponiendo la “refundación política del país a través de una asamblea constituyente, superación del modelo económico neoliberal y rescate de la soberanía nacional”^[3]. El proceso constituyente se convirtió en uno de los principales logros del MAS, permitiendo la participación de miles de personas en la elaboración de la nueva constitución, que fue finalmente aprobada con un contundente respaldo: «61.43 por ciento de los ciudadanos bolivianos, tanto del campo como de la ciudad, votaron a favor de la Constitución»^[4]. Con el referéndum constitucional de 2009, la nueva Constitución deja en claro a través del artículo 1 que;

“Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país.” (Bases fundamentales del Estado, Parte 1)^[5]

El hecho de que Bolivia sea un Estado plurinacional implica la coexistencia de varias comunidades nacionales, cada una con su propia cultura y sus características sociales. Esto lo convierte en un Estado que, apuesta por la descentralización, promueve la participación de las diferentes colectividades y otorga un cierto grado de autonomía a cada nación. Como podemos observar en el informe de la CEPAL;

“Bolivia se organiza territorialmente en 9 departamentos, 112 provincias, 342 municipios y 1 territorio indígena originario campesino. La autonomía de todas las entidades territoriales se organiza y estructura su poder público a través de los órganos legislativo y ejecutivo”^[6]

Bolivia desde la vuelta de la democracia, mantuvo un sistema multipartidista moderado que descansaba en tres partidos; “los sistemas multipartidistas de las sociedades plurales resultaban eficaces para el mantenimiento de la democracia, Lijphart desarrolló un argumento basado en la experiencia de las democracias que contaban con profundos clivajes sociales, religiosos, idiomáticos y étnicos”.^[7] No obstante, con la irrupción de movimientos políticos caracterizados por una marcada tendencia anti-sistémica, el multipartidismo se ha polarizado. En la actualidad, el MAS sigue manteniéndose como la principal fuerza electoral y política en Bolivia, con presencia en todo el territorio del país. A pesar de la existencia de varios partidos y diferentes divisiones sociales, ningún otro partido ha logrado equiparar su influencia. Aunque existe oposición, esta se presenta de manera muy dispersa geográficamente, lo cual, como señala O’Donnell, G., «refleja y acentúa la desintegración del estado»^[8]. A su vez, se observan liderazgos locales, pero no a nivel nacional, generando de cierta manera una situación de unipartidismo.

La Constitución de Bolivia establece la limitación de dos mandatos consecutivos; sin embargo, a raíz de un fallo del Tribunal Constitucional, Evo Morales pudo postularse nuevamente en 2014. Este fallo argumentaba que su primer mandato no debía contabilizarse, ya que el país había sido refundado como Estado Plurinacional en 2009. Esta acción representaba no solo un incumplimiento de la ley, sino también un menoscabo de ciertas características fundamentales de la poliarquía, según la visión de Dahl, que incluye «autoridades públicas electas y elecciones libres y limpias»^[9].

La falta de institucionalización de las elecciones constituye un obstáculo para la consolidación de la democracia. Este problema se agravó en 2016 cuando el MAS, liderado por Evo Morales, impulsó un referéndum constitucional con la intención de habilitar al presidente para un cuarto período en la presidencia. Aunque Morales afirmó: “respetaremos los resultados del referéndum”^[10], decidió no reconocer el rechazo del 51,30% de los bolivianos a cambiar la constitución para permitir su reelección en 2019. Esta negativa puso de manifiesto un deterioro de la democracia, ya que, según Dahl, «el gobierno democrático se caracteriza fundamentalmente por su continua aptitud para responder a las preferencias de sus ciudadanos»^[11].

Al postularse nuevamente, Morales argumentó que la restricción a la reelección era inconstitucional, ya que el derecho inalienable a elegir y ser elegido, consagrado por el Pacto de San José de Costa Rica para todos los ciudadanos, incluidos los presidentes, prevalece sobre el artículo de la Constitución (de 2009) que lo prohíbe. Sin embargo, al hacerlo, Evo Morales no estaba respetando la voluntad de la población boliviana.

 

¿Qué sucedió en 2019?

2019 fue un año bisagra para la población boliviana. Tras la cuarta postulación de Evo Morales y el creciente descontento de la población boliviana por las decisiones poco democráticas tomadas por MAS, nos situamos en un contexto de crisis democrática;

“Hay crisis democrática cuando surgen límites y condicionamientos a la expresión de los derechos políticos y civiles o cuando hay limitación de la competición política y de la posible participación porque se ha quebrado el compromiso democrático que está en su base.”^[12]

Evo Morales apareció en la boleta electoral para postularse como presidente junto a su compañero de fórmula Álvaro García Linera en las elecciones de 2019. El 20 de octubre, día de la jornada electoral, el Tribunal Superior Electoral dio a conocer los resultados preliminares, en donde Morales encabezaba el conteo con 45.71 % de los votos, frente al 37.84 % recibido por Carlos Mesa, indicando una segunda vuelta electoral. No obstante, la problemática comenzó cuando el conteo de la votación se interrumpió de manera súbita y el acceso a la página se bloqueó.

Al día siguiente, el Tribunal Superior Electoral declaró la victoria de Evo Morales con el 46.85% de los votos, superando el 36.73% de Carlos Mesa. Esta decisión eliminó la posibilidad de una segunda vuelta y marcó el inicio del cuarto mandato de Evo Morales. Se configuró así una situación en la que la democracia se veía comprometida; como señala Linz, «la violencia política es un indicador importante como causa contribuyente a la ruptura… la percepción distorsionada de la violencia y un nivel bajo de tolerancia en la sociedad contribuye al derrumbamiento«^[13].

Estas noticias generaron un cambio significativo en la sociedad boliviana, desencadenando un levantamiento espontáneo contra el MAS que se prolongó por más de 20 días. Durante este período, se registraron enfrentamientos entre simpatizantes oficialistas y opositores, resultando en numerosos heridos. La participación de las fuerzas policiales y militares en estos eventos llevó a un desconocimiento de sus funciones y de su apego a la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia. En este contexto, las fuerzas armadas expresaron su respaldo a Jeanine Añez, quien, tras la renuncia de Morales, decretó que las Fuerzas Armadas podrían usar la fuerza sin rendir cuentas ante la ley: “en situaciones de desorden civil o de crisis, los militares que se identifican con los intereses nacionales pueden intervenir para impedir recortes al presupuesto destinado a la defensa o para aumentar tales gastos”^[14]. Todo esto culminó con la renuncia de Evo Morales, anunciada por cadena nacional, y su solicitud de asilo, siendo México el país que lo otorgó.

 

El presidencialismo parlamentarizado

A la hora de definir el sistema político de Bolivia se presentan varias dificultades. John Carey define a Bolivia como un régimen hibrido donde; “el presidente es popularmente electo, y posee poderes significativos, y existe también un primer ministro y un gabinete, sujetos a la confianza de la asamblea”. En un extremo, tenemos la figura del presidente, quien junto al vicepresidente y ministros de Estado conforma el órgano ejecutivo del poder público del Estado boliviano. En el otro extremo, encontramos la Asamblea Legislativa Plurinacional, bicameral y dividida en cámara de senadores y cámara de diputados. La nueva Constitución Política de 2009 redefinió el alcance de poder del vicepresidente electo, colocándolo en una posición híbrida entre un primer ministro, con un enfoque democrático-parlamentario, y un vicepresidente, de orientación republicano-tradicional. Esto le otorgó atribuciones extraordinarias para tomar decisiones por encima de los demás poderes del Estado, generando dudas sobre la independencia de poderes, un elemento clave para la democracia. Este escenario refleja una situación donde Bolivia sigue siendo un caso de inestabilidad, siendo «altamente vulnerable al quiebre»^[15].

Tras la renuncia de Evo Morales y de Álvaro García Linera, Jeanine Áñez Chávez asumió el cargo de presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia con carácter interino, dado que ella ocupaba el cargo de vicepresidenta de la cámara de senadores de Bolivia, y a pesar de que el artículo 169 de la constitución política del Estado plurinacional de Bolivia dice;

“En caso de impedimento o ausencia definitiva de la presidenta o del presidente del Estado, será reemplazada o reemplazado en el cargo por la Vicepresidenta o el Vicepresidente y, a falta de ésta o éste, por la Presidenta o el Presidente del Senado, y a falta de ésta o éste por la Presidente o el Presidente de la Cámara de Diputados. En este último caso, se convocarán nuevas elecciones en el plazo máximo de noventa días” (constitución política del Estado plurinacional de Bolivia, Artículo 169)^[16]

Dejando en claro que ella no estaba destinada a ser la sucesora en el poder, su ascensión fue formalmente respaldada por el Tribunal Constitucional Plurinacional dos días después de la renuncia de Evo Morales. La declaración oficial afirmó que la misma se concretó ipso facto (inmediatamente), siguiendo el precedente establecido por la Declaración Constitucional 0003/01 del 31 de julio de 2001. No obstante, este proceso evidenció un período de acefalía y desgobierno. La situación se originó por las renuncias de Álvaro García Linera (Vicepresidente de Bolivia), Adriana Salvatierra (Presidenta de la Cámara de Senadores), Rubén Medinaceli (Primer Vicepresidente de la Cámara de Senadores) y Víctor Borda (Presidente de la Cámara de Diputados) —cargos que, según la Constitución de 2009, podían asumir la presidencia por la sucesión constitucional.

En 2019, ya con Jeanine Añez liderando el gobierno, el MAS mantenía una presencia mayoritaria en la Cámara de Senadores y Diputados, ostentando la mayoría de dos tercios en ambas cámaras: 88 de 130 diputados y 25 de los 36 senadores, cuyos mandatos expirarían el 22 de enero. Históricamente, desde el surgimiento del MAS, han contado con un sólido respaldo en la legislatura; como señalan Cox, Gary W. y Morgenstern, Scott, «tienen una mayoría numerosa y subordinada… los presidentes prevén que serán aprobadas todas las normas legales que ellos desean y, por consiguiente, no necesitan recurrir a vetos ni decretos»^[17]. Sin embargo, el MAS no participó en la sesión en la que Añez se proclamó presidenta, evidenciando su falta de respaldo a la nueva mandataria.

Poco antes de que concluyera el mandato de los actuales legisladores, la Cámara de Senadores aprobó modificaciones a su reglamento de debates, eliminando la necesidad de contar con dos tercios para tomar decisiones sobre las sesiones. Esto generó indignación en la oposición, y Carlos Mesa denunció en Twitter: «En una maniobra inaceptable e ilegítima, el MAS cambia el reglamento de Senadores y Diputados eliminando el requisito de dos tercios para la aprobación de decisiones fundamentales»^[18].

Durante 12 de noviembre de 2019 hasta el 8 de noviembre de 2020, Añez desarrollo su mandato afirmando que sus principales tareas, además de la pacificación del país, eran el nombramiento de un nuevo Tribunal Supremo Electoral y la convocatoria de elecciones. Sin embargo, su mandato fue un claro reflejo de una crisis presidencial; “un patrón de conflictos institucional que afecta la estabilidad del gobierno”^[19], demostrando así que en Bolivia se vivió un año de incertidumbre democrática, no solo porque según la Constitución la presidenta interina de Bolivia tenía 90 días para organizar las elecciones y no ocurrieron hasta octubre del 2020, sino que también de acuerdo al Reglamento de Campaña y Propaganda Electoral; “ningún funcionario público puede realizar campaña electoral en horarios laborales, ni utilizar el cargo para hacer propaganda electoral o promover candidaturas”^[20], una directiva que Añez claramente no cumplió ya que usó y abusó de bienes del Estado para hacer campaña a favor de Mesa.

 

Elecciones nacionales 2020 y subnacionales 2021

El domingo 18 de octubre de 2020, los bolivianos regresaron a las urnas para decidir la presidencia del país. Los principales contendientes fueron Luis Arce del Movimiento al Socialismo (MAS), Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana, Luis Fernando Camacho de Creemos, y Chi Hyun Chung del Frente para la Victoria (FPV). También participaron Jorge Tuto Quiroga de la alianza Libre 21, María Bayá del partido Acción Democrática Nacionalista (ADN), y Feliciano Mamani del Partido Acción Nacional Boliviano (PAN-BOL).

En medio de un clima de fuerte incertidumbre, las primeras encuestas a boca de urna señalaron una victoria del Movimiento al Socialismo (MAS) en Bolivia, con Luis Arce obteniendo el 52% de los votos, frente al 31,5% de su principal contrincante, Carlos Mesa. A nivel nacional, en las Elecciones Generales de 2020, el Movimiento Al Socialismo logró nuevamente una victoria electoral, aunque no con la misma hegemonía que en procesos anteriores. Este resultado sugiere un sistema de partidos a nivel nacional que podría caracterizarse como multipartidista y bastante polarizado, rozando el bipartidismo.

En las elecciones subnacionales de 2021, los resultados publicados por el órgano electoral plurinacional revelan que el MAS logró obtener 240 de los 336 municipios, lo que le asegura una mayoría de legisladores departamentales y liderará las asambleas de 7 de los 9 departamentos. Respecto a las gobernaciones, el MAS ganó en primera vuelta en 3 departamentos (Cochabamba, Oruro y Potosí), pero perdió en 2 (Santa Cruz y Beni). En 4 departamentos (Tarija, Pando, La Paz y Chuquisaca), las elecciones se definieron en segunda vuelta el pasado domingo, y el MAS perdió en todos ellos. Esto deja un escenario donde Arce deberá gestionar su política territorial con 7 gobernadores opositores, evidenciando una vez más que el MAS es un partido fuerte a nivel nacional, pero que carece de apoyo regional. Con la conclusión de estas elecciones, se logra cerrar un periodo de larga duración, marcado por la complejidad de eventos que precedieron su convocatoria y la incertidumbre hacia el futuro de la democracia boliviana.

 

Conclusión

El camino hacia las elecciones nacionales y subnacionales de 2020 y 2021 implicó atravesar un proceso de más de una década caracterizado por el debilitamiento de las instituciones estatales y la democracia, evidenciando una clara dependencia de los poderes del Estado respecto al Gobierno central. La sucesión de eventos marcados por la conflictividad, la corrupción, la crisis política y económica, así como el abuso de poder de las autoridades, confirmaron la vulnerabilidad de las instituciones democráticas en Bolivia.

Es innegable que el sistema político boliviano ha experimentado varios episodios poco democráticos, como la crisis constitucional de 2019, que puede entenderse como resultado de los defectos en el diseño presidencial de ese país y, sobre todo, la tendencia de los líderes políticos a no respetar las reglas democráticas. A pesar de las múltiples veces en que la democracia estuvo al borde del abismo, fueron los ciudadanos bolivianos quienes, a través de mecanismos legales institucionalizados, lograron devolver a Bolivia a la senda democrática, convirtiéndolo así en un caso de estudio admirable para analizar.

Es crucial resaltar el papel fundamental del factor ciudadano, ya que en las elecciones de 2020 fueron ellos quienes eligieron ser representados por el MAS, con la elección del presidente Luis Arce y el vicepresidente Evo Morales. A pesar de las controversias en torno al fraude de 2019 y los 14 años de gestión de Evo Morales con varios indicios de corrupción, la población continuó eligiéndolo. Se podría plantear, entonces, que la lenta recuperación de la democracia en Bolivia ha sido liderada por la participación activa y consciente de los ciudadanos.

 

Bibliografía

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