Por Sofia Placitelli
Fellow de CESCOS
¿Qué llevó al estado de excepción del presidente Bukele?
Las raíces del problema de El Salvador pueden trazarse al siglo pasado, un tiempo de creciente inestabilidad en el país centroamericano que culminó con una guerra civil en la década del 70´ y 80’. Históricamente desigual, El Salvador fue tierra fértil para grupos guerrilleros y paramilitares. El FMLN (Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional), apoyado por el régimen de Fidel Castro, fue uno de esos grupos. Como parte de la guerra fría en Latinoamérica, el FMLN y varios regímenes militares que gobernaron El Salvador a partir de los `70 se batieron en un sangriento conflicto armado.
La guerra civil salvadoreña resultó en el desplazamiento de miles de personas, muchas de ellas a Los Ángeles, California. De esta migración masiva nace la Mara Salvatrucha, también conocida como MS-13, una de las organizaciones criminales más prevalentes en el continente. Su objetivo original era proteger a los migrantes salvadoreños de otras pandillas, las cuales generalmente no aceptaban miembros centroamericanos. Pero cuando muchos de sus miembros fueron deportados a El Salvador, las prioridades del grupo cambiaron. El proceso de desmilitarización de la policía luego de la guerra civil dejó al país vulnerable, y las maras lo aprovecharon para reclutar soldados y expandir su repertorio de actividades criminales.
Como ocurrió en otros casos, los acuerdos de paz de Chapultepec dejaron a una gran parte de la población que se habían formado para el combate sin una fuente de empleo. Las maras presentaban una oportunidad para estas personas, de la misma forma que sucede con otros grupos armados extraestatales. Fue así como MS-13 se transformó de ser una agrupación de criminales desorganizada en una disciplinada y lucrativa organización criminal, enfocada en el tráfico de armas. El Salvador presentaba un mercado ideal ya que muchas armas quedaron en manos de civiles luego del fin de la guerra.
La violencia fue incrementándose, principalmente a raíz de un conflicto con una pandilla rival, la Mara 18. Asimismo, las maras expandieron sus actividades, vinculándose con los cárteles de narcotraficantes y controlando el flujo de migrantes hacia los Estados Unidos. También continuaron cobrando “rentas” de los ciudadanos salvadoreños, tanto en territorio de El Salvador como en los Estados Unidos.
Fue así como El Salvador se convirtió en el país más inseguro del mundo, solo superado por aquellos en conflicto armado activo. En los últimos años, la MS-13 fue denominada un grupo terrorista tanto por el gobierno de El Salvador como por el de los Estados Unidos.
El primer intento de eliminar la violencia de las maras fue en 2003. En 1995 la tasa de homicidios hizo su primer pico: 142 cada 100.000 personas, según datos del Banco Mundial. El presidente Francisco Flores (1999-2004) del partido conservador ARENA implementó el plan “Mano Dura”. En octubre de 2003 se aprobó la Ley Antimaras, que le otorgaba al gobierno poderes extraordinarios por 180 días para erradicar la violencia marera. El principal instrumento de la Ley fue la posibilidad realizar detenciones basado solamente en la apariencia física del sospechoso.
Finalizados los 180 días, la Corte Suprema de Justicia de El Salvador declaró que la Ley Antimaras era inconstitucional. Sin embargo, el siguiente presidente – Antonio Saca (2004-2009), también de ARENA – continuó con la política, intensificándola con su plan Súper Mano Dura. Saca atendió a las críticas, tanto de la sociedad civil como la comunidad internacional, e implementó los programas Mano Amiga y Mano Extendida con enfoques hacia la rehabilitación y prevención.
Según datos del Banco Mundial, el número de homicidios se mantuvo constante en 65 cada 100.000 habitantes entre 2004 y 2006, y disminuyó hasta 2008. Durante este período, el número de arrestos se duplicó, pero una amplia mayoría de los detenidos fueron liberados por falta de evidencia. Asimismo, se acentuó el hacinamiento en las cárceles, convirtiéndolas en provechosos centros de reclutamiento para las maras. Por otro lado, si bien en 2009 se dio un cambio de signo político, con la asunción de Mauricio Funes del FMLN, las políticas de la Mano Dura se mantuvieron. Aun así, a partir de 2009 los homicidios aumentaron de 52 a 71 cada 100.00 habitantes, y solo volvieron a caer con la tregua de 2012.
Durante el gobierno de Funes, se negoció una tregua en conjunto con la Iglesia Católica; el involucramiento del gobierno se mantuvo secreto en un principio, ya que la postura oficial no permitía negociar con las maras. Si bien las actividades delictivas de las pandillas, como el narcotráfico y la extorsión, continuaron sin mayor intervención del gobierno, la tasa de homicidios cayó significantemente: de 70 cada 100.000 habitantes en 2011 a 42 en 2012.
La tregua hace que El Salvador sea un caso de estudio muy interesante, ya que las políticas aplicadas son opuestas a las de la época de la mano dura. Se establecieron “zonas de paz” donde las pandillas acordaron no operar y se entregaron una cantidad de armas a cambio de ayuda social, transferencias a cárceles de menor seguridad y el fin de los allanamientos nocturnos. En un principio, el alto al fuego tuvo efectos positivos, pero pronto comenzó a desgastarse. Por un lado, las maras no tenían el nivel de organización requerido para hacer cumplir la tregua en todas sus células, y el gobierno no tenía los fondos necesarios para financiar los planes sociales prometidos a los mareros.
Una vez finalizada la tregua, los homicidios se multiplicaron, creciendo a 62 cada 100.000 habitantes en 2014 y 105 cada 100.000 habitantes en 2015. La tregua permitió que las maras enfocaran sus esfuerzos en aumentar sus números y desarrollar sus negocios ilegales. Una vez que el alto finalizó, los grupos habían crecido exponencialmente. Ante el aumento de homicidios relacionados a las maras, el escuadrón de la muerte “Sombra Negra” volvió a operar luego de casi 20 años de su desaparición; el mismo se enfoca en el asesinato extrajudicial de mareros.
Este es el camino que El Salvador recorrió hasta llegar a la elección de Nayib Bukele en 2019.
