#EstadosUnidos
Por Sofia Placitelli
Fellow de CESCOS
Esta semana sucedió algo inédito en la historia de los Estados Unidos: un expresidente y pre-candidato para las elecciones de noviembre de 2024 fue formalmente procesado.
En la primera etapa de un largo proceso judicial, un jurado indagatorio encontró que existe evidencia suficiente para imputar a Donald Trump por 34 cargos de delito agravado. Esto permitió proceder con el juicio en su contra en la ciudad de New York, debiéndose presentarse ante el juez para la lectura de los cargos el pasado martes 4 de abril.
Dichos cargos son todos por la falsificación de registros corporativos, en relación con uno de los escándalos que plagó su tiempo en la Casa Blanca: el de Stormy Daniels, una actriz pornográfica quien dijo haber mantenido una relación extramarital con el político en 2006. En 2016, Daniels acudió a varios medios de prensa norteamericanos para vender su historia. Esto impulsó a Trump a un acuerdo extra-judicial que, básicamente, consistía en que, por una suma de U$S 130.000, Daniels ya no volvería a hablar sobre el tema.
El aspecto criminal comienza con el involucramiento de Michael Cohen, entonces abogado personal de Trump, quien fue directamente responsable por el pago. Dado que se encontraban a una semana de las elecciones, las arcas del expresidente eran sujetas a estrictas regulaciones y escrutinio. Por lo tanto, Cohen utilizó sus fondos propios y luego en 2017 Trump le devolvió la suma. Ese mismo año se descubrió públicamente el acuerdo, y la corte de Manhattan abrió una investigación que concluyó con la condena de Cohen por violar leyes de financiación de campañas políticas (el pago a Daniels y a Karen McDougal, ex modelo de Playboy quien también dijo ser amante de Trump, excedían los límites establecidos) con el agravante de haberlo hecho para influir en el resultado de una elección.
Al final de ese juicio, los fiscales alegaron que Cohen actuó bajo órdenes de Donald Trump. Durante su presidencia, Trump estaba protegido por la inmunidad del cargo. Es un sistema diferente al de muchos países de la región, donde existen fueros que pueden romperse con intervención del Poder Legislativo. Si bien por un lado Trump también alcanzó un récord al convertirse en el primer presidente norteamericano en enfrentar dos juicios políticos, por otro lado es norma que la justicia no puede investigar a un mandatario hasta que deje la Casa Blanca.
Dicha investigación se abrió en 2020, y recién esta semana llevó al procesamiento formal de Donald Trump. Esto es porque mucha de la evidencia de los fiscales surge de otros procesos judiciales, como el de Michael Cohen en 2018 y el de Allen Weisselberg, ex CFO de la Trump Organization, en 2022. Éste último terminará su condena el próximo 19 de abril por fraude fiscal en nombre de la organización. La fiscalía esperaba que ambos colaboraran en la investigación de Trump, pero hasta la fecha sólo Cohen accedió a dar testimonio a cargo de una pena menor.
En base a testimonios como el de Cohen, el 30 de marzo el gran jurado votó a favor de procesar a Donald Trump.
¿Cuáles son los cargos?
Como mencionamos, todos los cargos se encuentran relacionados con la transacción de Trump a Cohen que se caracterizó como “pagos por servicios legales incurridos en 2017”.
Cuando Trump le reembolsó el dinero a Cohen, lo hizo a través de la Trump Organization, por lo que el movimiento debió ser registrado en los libros de la empresa. La caracterización falsa es considerada fraude contable en el estado de New York. Como el pago se hizo en cuotas, y cada una fue anotada en el libro de esta forma, por cada cuota se agregó un cargo de fraude contable, en total doce. A esto se le sumaron otros 22 cargos porque por cada pago se emitió un cheque y una factura correspondiente, en las cuales se describía el bien intercambiado como servicios legales.
Normalmente, este es un crimen menor según el Código Penal de New York. Sin embargo, se eleva a crimen agravado cuando el fraude se realiza con el objetivo de cometer u ocultar otro delito. Aquí es que se complican las cosas, y es por donde Donald Trump podría escapar al veredicto culpable.
El fiscal a cargo del caso, Alvin Bragg, aún no ha revelado cuál de varias opciones seleccionará como este crimen adicional. La primera y más probable es la más fácil de argumentar: la evasión fiscal. También podría referirse a violaciones de leyes electorales, tanto a nivel estatal y federal, como agravantes. Estas dos presentan dificultades en el hecho de que es subjetivo si el pago fue relacionado a la campaña política; los abogados de Trump han argumentado que el pago se habría hecho aún si Trump no hubiera sido candidato en 2016. Por otro lado, si bien técnicamente es posible, es difícil decir si el juez aprobaría el crimen de fraude electoral a nivel federal en una corte estatal.
Es muy probable que Trump no sea citado nuevamente hasta finales de 2023. En los próximos 65 días, la fiscalía deberá compartir toda la evidencia que tiene con los abogados de Trump, pero primero se deberán poner de acuerdo en qué tanto se podrá compartir con el público. La fiscalía se opone a que Trump, muy activo en la red social Truth Social (de su propiedad), publique información online.
El juicio como tradicionalmente lo conocemos de la TV comenzará el año que viene, lo cual no es un hecho menor: 2024 es un año electoral y el proceso podría tanto dañar como ayudar a Trump en las urnas.
