Por Valentín Rodríguez Gallucci

 

La destitución de Santiago Peña abre interrogantes sobre el funcionamiento institucional de Paraguay y la reorganización del poder dentro del Partido Colorado.

Que un presidente pierda el respaldo de su propio partido en medio de una crisis política no es algo inédito en América Latina. Pero lo ocurrido en Paraguay durante los últimos días tiene particularidades que merecen atención. Santiago Peña terminó destituido mediante un juicio político impulsado por la oposición, con el acompañamiento del mismo oficialismo que había sido determinante para su llegada al poder en 2023.

La decisión del Partido Colorado, bajo la conducción de Horacio Cartes, abre un interrogante que va más allá de la destitución presidencial: ¿estamos ante una demostración de fortaleza institucional o frente a una reconfiguración del poder político paraguayo?

La crisis comenzó con la intervención de Ueno Bank, después de que el Banco Central detectara graves problemas de solvencia. La entidad había llegado a registrar aproximadamente 2,9 millones de clientes, cifra que no equivale al número de ahorristas efectivamente afectados. Las dificultades para acceder a los depósitos y los cuestionamientos sobre el manejo de recursos públicos, incluidos fondos previsionales, trasladaron rápidamente la crisis financiera al terreno político. A esto se sumaron los vínculos empresariales que Peña había mantenido con el grupo propietario del banco y las dudas sobre la actuación de los organismos reguladores.

La gravedad de las denuncias no fue el único factor que definió el futuro del gobierno. También resultó decisiva la respuesta de quienes constituían su principal respaldo político.

El pedido de juicio político surgió de la oposición y de sectores disidentes del Partido Colorado. El acompañamiento del oficialismo permitió que la acusación avanzara en Diputados, con 78 votos a favor, y que posteriormente se concretara la destitución en el Senado, con el respaldo de los 44 legisladores presentes. Ninguno votó en contra. El Partido Colorado acompañó la salida de un presidente surgido de sus propias filas, pero no extendió ese respaldo al juicio político contra el vicepresidente Pedro Alliana, quien finalmente asumió la Presidencia.

Desde una primera lectura, la actuación del Congreso podría interpretarse como una señal positiva del funcionamiento institucional paraguayo. Los mecanismos constitucionales de control permitieron avanzar sobre la responsabilidad política del presidente, incluso cuando eso implicaba retirarle el respaldo a una figura del propio oficialismo. La destitución, por sí sola, no demuestra madurez institucional. También importa cómo se desarrolló el proceso, qué garantías se respetaron y hasta dónde llegan las investigaciones. El rechazo del Senado a la prórroga de 72 horas solicitada por la defensa de Peña es uno de los aspectos que merecen atención.

En este contexto aparece otra dimensión fundamental de la crisis: el papel de Horacio Cartes. 1El expresidente fue determinante en el ascenso político de Peña y continúa siendo una de las figuras de mayor influencia dentro del Partido Colorado, particularmente a través de Honor Colorado. Su decisión de retirarle el respaldo al mandatario representó un punto de inflexión.

La posterior expulsión de Peña del Partido Colorado profundizó esa ruptura. Al mismo tiempo, Alliana solicitó a sus ministros y principales funcionarios de confianza que pusieran sus cargos a disposición, iniciando una reorganización del Ejecutivo. Son decisiones diferentes, una partidaria y otra gubernamental, pero ambas muestran cómo el oficialismo comenzó a reordenarse después de la destitución, con Cartes como una figura central en ese proceso.

¿El cartismo entendió que la situación de Peña se había vuelto insostenible y decidió acompañar una respuesta institucional? ¿O la crisis también ofreció una oportunidad para reorganizar el poder político?

Ambas interpretaciones merecen ser consideradas y no necesariamente se excluyen.

La salida de Peña no significó una alternancia política. Alliana asumió la Presidencia y el Partido Colorado conservó el control del Ejecutivo. Esto no demuestra que haya existido una maniobra previamente organizada, pero sí plantea interrogantes sobre las relaciones dentro del oficialismo y el margen de autonomía del nuevo presidente.

La primera sesión ordinaria del Senado después de la destitución aportó otro elemento significativo. Los pedidos de informes y la creación de comisiones investigadoras sobre Ueno Bank quedaron pendientes de tratamiento, luego de que la sesión perdiera el quórum en medio de cuestionamientos de la oposición a Cartes. La mayoría que acompañó la salida de Peña no mostró, en esa instancia, la misma disposición para profundizar el control parlamentario.

Paraguay cuenta, además, con antecedentes que ayudan a poner esta crisis en perspectiva. En 2012, Fernando Lugo fue destituido mediante un juicio político desarrollado en aproximadamente 24 horas, con apenas dos horas concedidas para su defensa. Aunque las circunstancias son diferentes, ambos casos invitan a examinar la relación entre los procedimientos constitucionales, las mayorías parlamentarias y las disputas políticas.

Las investigaciones sobre Ueno Bank continúan abiertas y sus consecuencias financieras todavía se hacen sentir. Su evolución será importante para determinar si las responsabilidades se investigan con independencia de las posiciones políticas de los involucrados.

La salida de Peña deja una particularidad difícil de pasar por alto: el partido que lo llevó a la Presidencia terminó acompañando su destitución, pero conservó el gobierno. El funcionamiento de los mecanismos institucionales merece atención, tanto como las decisiones políticas que hicieron posible ese desenlace. La verdadera dimensión de esta crisis también dependerá de lo que ocurra con las relaciones de poder que permanecen después del cambio de presidente.

 

 

 


 

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