Por Pedro Isern
Director Ejecutivo de CESCOS
Beijing ha sancionado el 1 de julio de 2026 la “Ley de Promoción de la Unidad y el Progreso Étnicos de China”. ¿Qué significa? Esencialmente, la institucionalización de la exportación de sus instituciones represivas. ¿Por qué puede China exportar sus instituciones represivas? Porque hoy es lo suficientemente grande y el resto del mundo democrático permanece, todavía, indiferente a la creciente vocación de Beijing de limitar los derechos políticos y civiles de las personas que viven en democracias liberales. Ambas dimensiones han sido condiciones necesarias no suficientes para la consolidación de esta creciente amenaza: por un lado, el empoderamiento de China como la segunda economía del mundo y la mayor dictadura de la historia moderna y 2) por otro lado, la indiferencia de gran parte de occidente ante el evidente avance de un régimen totalitario sobre las personas que viven fuera de China.
Los países no solo exportan e importan bienes y servicios. También exportan e importan sus instituciones y sus reglas de juego. Cuando una democracia pequeña o mediana comercia con una dictadura grande no solo recibe beneficios comerciales sino costos y perjuicios institucionales. Esto ha sucedido siempre pero ahora es más evidente por la mayor relevancia del comercio y por la asimetría que se ha construido y consolidado en los últimos años entre una dictadura grande con una economía poderosa y un conjunto de democracias liberales pequeñas y medianas que han hecho del comercio e integración con China una de sus principales políticas económicas.
Esto ha sido sumamente irresponsable. Mientras los beneficios materiales por el intercambio de bienes y servicios fueron concretos e inmediatos, los costos morales e institucionales por el intercambio de instituciones han sido difusos y de mediano-largo plazo. El largo plazo ha llegado y hoy (agosto de 2026) estos costos institucionales de mediano-largo plazo comienzan a superar a los beneficios materiales de corto-mediano plazo que ha tenido el mundo (y decididamente occidente) por la integración con China. Incluso hoy en 2026 seguimos viendo casi a diario en la prensa a empresarios y emprendedores occidentales que se asombran y promueven las oportunidades comerciales que representa China continental.
Es importante remarcar que esta “Ley de Promoción de la Unidad y el Progreso Étnicos de China” no podría haberse sancionado en, por ejemplo, 2005 o 2010. En esos años China era un régimen represivo pero no era lo suficientemente poderosa. Al igual que lo sucedido en Hong Kong, los regímenes totalitarios revelan su real identidad cuando pueden y cuando el resto del mundo es indiferente. En la reciente experiencia hongkonesa la evidencia ha sido contundente: en 1997 el resto del mundo aceptó que el traspaso de la soberanía británica a Beijing supondría la vigencia hasta por lo menos 2047 del axioma “un país, dos sistemas”. Beijing respetó el tratado por unos años hasta que al inicio de la década del 2010 se sintió lo suficientemente poderosa como para violar el espíritu y la letra del acuerdo. No violó el tratado inmediatamente. Lo hizo apenas pudo. Pudo porque había crecido mucho gracias a las inversiones e integración con occidente y porque occidente demostró una lamentable indiferencia. La desaparición de las libertades en Hong Kong es el ejemplo más simple y contundente de lo que le espera al resto del mundo si no se toma la dimensión de la amenaza. Esta ley es el último eslabón de una secuencia de acontecimientos repudiables pero esperables.
Las sociedades abiertas tienen hoy no solo la posibilidad sino la obligación de cooperar para contrarrestar eficientemente este tipo de normas. La intromisión de un estado extranjero en un determinado país es un hecho grave en sí mismo pero alcanza otra dimensión cuando quien pretende hacerlo es una brutal dictadura que sostiene que tiene una legitimidad de origen para entrometerse en la vida de las personas. Esto es particularmente grave, repetimos, cuando se trata de influir en democracias medianas y pequeñas. La cooperación entre las sociedades abiertas es compleja pero deviene imprescindible dado este marco y las evidentes secuelas que esta ley sancionada por China tendrá en las decisiones existenciales de, literalmente, millones de personas alrededor del mundo.
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